Estigma y barreras estructurales, retos a vencer para la atención de personas con VIH en México

  • En 2017, los centros para la prevención y atención del sida recibían a 86 mil personas en tratamiento antirretroviral: más del 50% de la población bajo medicación por la enfermedad.
  • Mujeres trans, las más discriminadas al momento de recibir atención médica o medicamentos.

Gracias al nuevo modelo de salud para la atención de personas que viven con VIH, México cuenta hoy con una de las más innovadoras terapias para el tratamiento de esta población.

Sin embargo, aún falta vencer la discriminación y el estigma, así como barreras estructurales que obstaculizan el diagnóstico de un estimado de más de 70 mil personas que viven con el virus y que no lo saben.

Este esquema federal de salud en materia de VIH, con nuevos mecanismos administrativos en la compra y entrega de antirretrovirales de calidad sugeridos por un grupo de expertos médicos, Organizaciones de la Sociedad Civil y activistas, da prioridad a las personas y las comunidades para brindarles la mejor terapia y a precio justo. Su implementación en todas las instituciones de salud del país permitirá que las personas con VIH reciban el mismo tratamiento, independientemente de si son atendidas en el IMSS, ISSSTE o algún Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS); lo que abonará al correcto seguimiento de cada caso y a la reducción de costos, tanto en la adquisición de medicamentos como en la atención de los pacientes.

No obstante, Alaín Pinzón, internacionalista y activista por los Derechos Humanos, coordinador del grupo de apoyo VIHveLibre, señala que a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades, aún persisten estigmas que disminuyen  la posibilidad de que las  personas acudan a hacerse la prueba de detección;  cuando piden permiso en sus trabajos para asistir a sus consultas, en el caso de estar bajo Tratamiento Antirretroviral (TAR). Situaciones como estas complican la adecuada atención de la enfermedad y por tanto pueden llegar a asociarse con más muertes. La misma situación se repite cuando algunos empleadores se enteran de que tienen personal atendido en un CAPASITS.

Cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, realizada en 2018 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señalan que al 25% de la población entrevistada (mujeres y hombres trans, hombres y mujeres bisexuales, lesbianas y gays) se les negó de manera injustificada algún derecho, como por ejemplo la atención médica o entrega de medicamentos, o la recepción de apoyos de programas gubernamentales; y que de este sector, el 53% de mujeres trans han enfrentado dicha situación, siendo las más discriminadas.

“El acceso a la innovación en el tratamiento es una realidad, pero debe extenderse hacia el buen trato y el respeto a la dignidad humana. El diagnóstico oportuno y la vinculación a tratamiento de VIH deben estar libres de discriminación”, enfatizó el activista.

De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), México tiene una epidemia concentrada de VIH en hombres que tienen sexo con hombres (17.3%), personas que usan drogas inyectables (5.8%), mujeres trabajadoras sexuales (0.7%), hombres trabajadores sexuales (24.1%) y mujeres trans (15-20%)[3], por lo que atender a estas poblaciones es clave para combatir la transmisión. Sin embargo, el formar parte de comunidades previamente estigmatizadas y discriminadas dificulta su atención médica oportuna.

Por otra parte, a nivel estructural, la latente ruptura en la cadena de abasto de antirretrovirales ocasionada por diversos factores al interior del sistema de salud, así como la centralización de los servicios de salud, pueden ser un factor de riesgo que enfrentan quienes viven con el virus.

“La mayoría de las unidades autorizadas para brindar servicios de salud a quienes viven con el diagnóstico, como los CAPASITS, que cuentan con los medicamentos que necesitan las diferentes comunidades, sólo están en las ciudades de mayor prevalencia; lo que hace que muchas personas tengan que viajar cada mes entre dos y 12 horas en algunos estados para ir por sus medicamentos, citas médicas o realizarse estudios de seguimiento, con consecuencias graves en la adherencia al tratamiento”, señaló Pinzón.

Datos del Informe nacional de monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al sida, confirman esta situación: Con 139 unidades en todo el país, en 2017 los CAPASITS atendían a cerca de 86 mil personas en tratamiento antirretroviral, lo que representa poco más del 50% de la población bajo medicación por la enfermedad registrada en ese año; otro dato en el mismo sentido es que al cierre de 2016, de 220 mil personas que vivían con VIH en el país, arriba del 35% carecía de TAR.

De acuerdo con el activista, el VIH sigue siendo un reto de salud pública. “En VIHveLibre estamos conscientes de que, en línea con el Nuevo modelo de atención para el VIH en México, el fin del sida como epidemia es un objetivo factible. Para ello, hay que hacer de los antirretrovirales una herramienta efectiva, terapéutica y preventiva; además de simplificar los tratamientos según las guías nacionales e internacionales y la evidencia científica disponible Trabajando así, gobierno y sociedad ayudaremos a cumplir la meta de poner alto al sida en 2030”, concluyó.

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